Cuando un gobierno solicita la eliminación de los resultados de búsqueda de Google

Es frecuente que los organismos gubernamentales y los tribunales de todo el mundo nos soliciten que eliminemos información de los productos de Google. Ante todo revisamos cuidadosamente estas solicitudes para determinar si el contenido debe ser eliminado por infringir una ley o las normas de nuestros productos.

Solicitudes gubernamentales de eliminación de contenidos

Cuando las autoridades estatales quieren proceder a la eliminación de contenidos, empiezan por ponerse en contacto con Google por distintos motivos. Puede haber dos tipos de solicitudes. Se puede alegar que el contenido infringe una ley local o remitirse a las órdenes judiciales relativas a la solicitud de retirada, que a menudo no se dirigen a Google. Pero también puede haber solicitudes de las autoridades gubernamentales para revisar el contenido y determinar si constituye una violación de las normas comunitarias y de contenido de nuestro producto. Se tendrá que considerar cada solicitud individualmente, ya que las leyes relativas a los problemas de eliminación de contenidos pueden variar según el país o el territorio geográfico. A veces, los motivos de la solicitud se refieren a la violación de las normas o leyes locales que pueden estar relacionadas con la privacidad, los derechos de autor u otras cuestiones que nuestros expertos evaluarán en el caso concreto. La incitación al odio, la obscenidad (relacionada con el contenido «para adultos»), el contenido político, etc. son solicitudes frecuentes de retirada. Pero a menudo las solicitudes se refieren a la difamación política.

Distintas son las razones por las que Google puede no aceptar la eliminación de contenidos. En algunos casos, la eliminación no tendrá lugar cuando el contenido ya haya sido retirado por su propietario. Otras veces, la razón es que el gobierno no ha especificado la solicitud con exactitud, y será necesario solicitar una información más detallada. El propio Google elimina diariamente contenidos relacionados con quejas de usuarios no gubernamentales o referentes a los propios productos de Google. Para poder evaluar y decidir sobre la legalidad y exhaustividad de una solicitud de retirada de contenidos, ésta debe ser presentada por las autoridades gubernamentales por escrito. La solicitud debe contener información detallada sobre el motivo y el contenido que se considera ilegal. Las solicitudes pueden provenir de organismos gubernamentales nacionales y locales, de las fuerzas públicas, pero siempre por escrito. A veces se puede adjuntar una orden judicial que especifique la ilegalidad de ciertos contenidos. Nuestra tarea consistirá en analizar y evaluar la solicitud en su legitimidad e integridad. Se examinará la legitimidad de cada documento recibido. Se considerará la legitimidad de la orden judicial. Cuando es falsa no la tenemos en cuenta. Nos planteamos la posibilidad de presentar o no un recurso. Y cuando el contenido es ilegal según la legislación vigente, tomamos medidas directas sobre los requerimientos que no están dirigidos a Google, o eliminando los enlaces a contenidos considerados falsos por un tribunal, en algunos casos incluso en jurisdicciones distintas a la del requerimiento original.